El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha resuelto que los jueces belgas deberían haber extraditado a Puigdemont y el resto de los golpistas fugados en atención a las euroórdenes dictadas por el magistrado del Tribunal Supremo de España Pablo Llarena. Los quince jueces de la Gran Sala del TJUE sostienen que Puigdemont, Toni Comín y Lluís Puig deberían haber sido entregados a España y que ningún Estado miembro de la Unión Europea puede hacer caso omiso de las peticiones de otro Estado de la UE.
Llarena presentó ante el TJUE una cuestión prejudicial relativa a la negativa de los jueces belgas a extraditar a Lluís Puig, exconsejero de la Generalidad golpista, alegando que existía el riesgo de que se violaran sus derechos fundamentales, que en España había deficiencias judiciales sistemáticas y que el Tribunal Supremo no era competente para juzgar a Puig. La decisión del TJUE es extensiva a los casos de Puigdemont y Comín y también al de Clara Ponsatí, que tras el Brexit decidió abandonar el Reino Unido para instalarse en Bélgica. De los cuatro, sólo Puig no es eurodiputado.
La negativa de los tribunales belgas llevó a Llarena a emprender una nueva vía para la extradición de los prófugos que se ha saldado con una resolución histórica que supone una desautorización en toda regla de los tribunales belgas que protegían a los golpistas y que durante décadas dificultaron la extradición a España de terroristas etarras. En su parte dispositiva, el TJUE asienta el obligado cumplimiento de las Órdenes Europeas de Detención y Entrega (OEDE).