Una sucesión de acontecimientos ha llevado al Gobierno a intentar dar un golpe a los jueces. Pedro Sánchez está echando las culpas de lo que sucede a la derecha cuando es él, el que, con la ley en la mano está intentando llevar a cabo una ‘voladura constitucional’. Según el artículo 22 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional: "Los Magistrados del Tribunal Constitucional ejercerán su función de acuerdo con los principios de imparcialidad y dignidad inherentes a la misma; no podrán ser perseguidos por las opiniones expresadas en el ejercicio de sus funciones; serán inamovibles y no podrán ser destituidos ni suspendidos sino por alguna de las causas que esta Ley establece". De estos magistrados, Sánchez quiere deshacerse de dos para que le den las cuentas, pues 6 son conservadores y 5 son de los suyos.
El artículo 159 de la Constitución Española dice: "El Tribunal Constitucional se compone de 12 miembros nombrados por el Rey; de ellos, cuatro a propuesta del Congreso por mayoría de tres quintos de sus miembros; cuatro a propuesta del Senado, con idéntica mayoría; dos a propuesta del Gobierno, y dos a propuesta del Consejo General del Poder Judicial". El Gobierno dice que hay 2 magistrados que no son imparciales, con la ley en la mano, se podrían cesar a todos los magistrados del Tribunal Constitucional. Plantear la imparcialidad de jueces nombrados por el Gobierno, Congreso y Senado sería una utopía.
Quitando la elección por 3/5, el Gobierno es totalmente libre para designar y alterar las mayorías de las votaciónes cuando quisiera. El PSOE podría pedir la destitución sin el voto de los afectados por lo que con la consiguiente posibilidad de alterar los resultados. Con esto, el Tribunal Constitucional habría muerto pudiendo regalarle el referéndum a Esquerra porque el blindaje constitucional habría caído.