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La ministra de Igualdad afirma que "la ley responde a la voluntad popular" y rechaza el "papel reaccionario" de "algunos órganos constitucionales".

Irene Montero presiona al Constitucional antes de que decida sobre el aborto

La ministra de Igualdad afirma que "la ley responde a la voluntad popular" y rechaza el "papel reaccionario" de "algunos órganos constitucionales".

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha mostrado su temor ante la posibilidad de que el Tribunal Constitucional recorte la ley del aborto al reactivar las deliberaciones sobre el recurso que presentó el PP hace más de una década y le ha recordado que se tata de un derecho básico de las mujeres en el embarazo.

En declaraciones a los medios antes de inaugurar uno de los cursos de verano de la Universidad Complutense, Montero ha querido hablar de lo que considera "una amenaza gravísima" para los derechos de las mujeres.

En el pasado, ha recordado, algunos órganos constitucionales y poderes del Estado "se han podido permitir jugar un papel reaccionario y cuestionar los avances legislativo en los derechos de las mujeres", como ocurrió con el derecho al aborto, al divorcio o al matrimonio entre personas del miso sexo.

Pero en pleno siglo XXI, ha advertido, "todos los poderes el Estado, todos los órganos constitucionales tenemos que tener muy claro que la ley responde a la voluntad popular y que nuestra función es garantizar los derechos de todas las personas, particularmente los derechos de las mujeres".

Montero ha hecho hincapié en que son ellas las que durante siglos han visto sus derechos pisoteados" y ha insistido en que la función de los poderes públicas es construirlos, no destruirlos.

El recurso que está en el Constitucional lo presentaron en 2010 un grupo de diputados del PP y cuestiona la ley del aborto aprobada por el Gobierno socialista, que liberalizó la interrupción voluntaria del embarazo en las primeras 14 semanas.

Cuando el PP llegó al poder solo reformó la norma para exigir el consentimiento de los padres en los casos de las menores de 16 y 17 años que quieran interrumpir su embarazo, un requisito que ahora quiere eliminar el Ministerio de Igualdad.

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