España no es Grecia, ni Irlanda, ni Portugal pero tampoco es inmune a lo que sucede en Europa. Los mercados internacionales hablan de riesgos financieros y estos riesgos también repercuten en una economía con un sistema financiero a medio fusionar.
La prima de riesgo de Irlanda bordea los 600 puntos básicos. Los 440 puntos la de Portugal. Y lejos de la calma, la de España, aunque vuelve a estabilizarse, aún supera los 200 puntos. Los riesgos se disparan como el precio de la deuda mientras las bolsas traducen en números rojos la inestabilidad y la incertidumbre de los inversores.
Por el momento, el encuentro entre los ministros de economía de los 27 ha facilitado que Irlanda comience a ceder. A partir de este jueves se iniciarán los contactos entres las autoridades del país y una delegación de la Unión Europea y el FMI. Todo, con el objetivo de determinar las necesidades reales de su mercado financiero.
De las prisas en nuestro país se ha encargado el Gobernador del Banco de España. Miguel Ángel Fernández Ordóñez ha animado a que bancos y cajas materialicen sus procesos de fusión antes de Navidad. Se trata de evitar que este proceso de reestructuración se vea arrastrado por las turbulencias financieras.
Pese a la gravedad de la situación, las declaraciones de los distintos miembros del Gobierno restan cualquier atisbo de importancia. La propia Vicepresidenta Económica, Elena Salgado, descarta la creación de un paquete de medidas extraordinario para España, mientras el Secretario de Estado, José Manuel Campa, insiste en señalar las diferencias entre las economías irlandesa, griega, portuguesa y española. Nada pasa con España hasta que pasa.
De hecho, lejos de acelerar las reformas y adoptar medidas que faciliten la salida de la crisis, el último anuncio del Ejecutivo pospone la reforma del sistema de pensiones para la próxima primavera. A pesar de que Bruselas ya cuenta con el compromiso español de poner en marcha una reforma "importante" que incluya el aumento de la edad efectiva de jubilación a los 67 años y la prolongación de la vida laboral.
Mientras todo esto se pone en marcha suponemos que el Gobierno dedicará su tiempo a estudiar la última ocurrencia: descubrir cómo vincular la productividad al salario de los funcionarios.