La situación es la siguiente: el Gobierno, y sobre la mesa, las reformas de mayor urgencia. De esas de las que hace meses nos dicen que depende la salida de la crisis o el futuro de la Seguridad Social. Una reforma de pensiones, una laboral, y una financiera.
Respecto a las pensiones, muchas reuniones y algunos acuerdos. El Congreso aprobaba el martes el informe de evaluación y reforma del Pacto de Toledo. Finalmente el Gobierno parece dispuesto a flexibilizar sus exigencias, de modo que cualquier modificación en la edad de jubilación, deberá ser "progresiva" y no realizarse de manera "homogénea y forzosa".
Más complicado ha sido el acercamiento con los representantes sindicales. De hecho, aún no se sabe si habrá acuerdo entre Ejecutivo, patronal y sindicatos antes del próximo viernes 28, y así nos lo hacía saber el martes el nuevo portavoz del Pacto de Toledo, Jesús Caldera. A día de hoy las rígidas posiciones de las partes cada vez son más flexibles. Un término por el que hace un mes no cedían los sindicatos y por el que hoy ya suspiran.
En materia laboral, los cambios son más contradictorios. El Gobierno y las comunidades autónomas han debatido en la Conferencia Sectorial de Empleo la propuesta del Ministerio de Trabajo de sustituir la ayuda de 426 euros para los parados sin cobertura por otra de 350 euros vinculada a la formación. Nada que objetar por esos desempleados de larga duración, salvo que el Gobierno tomaba esta decisión por motivos de ahorro. Una nueva rectificación.
Mientras, las rebajas de alegría nos llegan de fuera. Sólo en materia laboral el FMI solicita una reducción de los costes del despido, una rebaja de la protección por desempleo y un cambio de calado en la negociación colectiva para primar al convenio de empresa. Oídos sordos en Moncloa. De hecho, la propia Vicepresidenta le explicaba a los medios cómo el Fondo Monetario Internacional tiende a mostrarse más negativo que la realidad.
También esta semana el Ejecutivo ha presentado su plan de reforzamiento del sector financiero con el que el quiere recuperar la credibilidad de las entidades españolas y facilitar su financiación. Para ello, el Gobierno contempla que algunas entidades puedan financiarse con dinero privado. Y aquellas que lo necesiten, y no lo consigan antes de septiembre, podrán recurrir al FROB. Esta medida aún dará mucho que hablar ya que se desconocen las necesidades reales del sistema de cajas, y las entidades no se han mostrado muy favorables al concepto de "nacionalización".
El problema está claro, el Ejecutivo está de obras y no tiene fecha de conclusión.
Y a todo esto debemos añadir el engaño. Tras revisar las primeras facturas del año, la Organización de Consumidores y Usuarios asegura que el precio de la electricidad ha subido en realidad un 12%, 2 puntos más de lo anunciado por Industria y un importante encarecimiento del recibo a final de año. Esta semana, junto a Carmen Tomás, analizan la actualidad económica Emilio J. González e Ileana Izverniceanu.