La campaña de Yolanda Díaz contra la contratación temporal ha tenido una primera parte: la reforma legal, un desastre que ha conseguido que sólo dos de cada diez nuevos contratos sean fijos a tiempo completo (el resto permanece camuflado bajo la fórmula del fijo discontinuo y con una duración media de los contratos laborales de 45 días).
Pero el plan de la líder de Sumar y vicepresidenta del Gobierno ha tenido una segunda parte, menos visible, pero, cuando menos, igualmente dañina: una campaña de inspección con cartas como la que publica Libertad Digital en las que se elimina explícitamente la presunción de inocencia y se abren procesos de control a las empresas por el mero hecho de contratar con una empresa de trabajo temporal (ETT). Toda una campaña de coacción en la que se califica de "fraude de ley" la utilización "recurrente de la contratación a través de ETT", porque las misivas dan por hecho que se trata de contratos "para la cobertura de necesidades estructurales de la empresa usuaria".